El Gobierno dice que la marcha universitaria está «construida emocionalmente sobre una mentira» y cuestionó que el Congreso aprobara aumentos a docentes

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se refirió esta mañana, previo a la marcha universitaria federal, a la cual calificó como un acto «político». Álvarez negó la existencia de recortes presupuestarios y explicó que la disputa radica en que «no hay una actualización salarial en la medida que quieren los sindicatos».

En diálogo con Radio Rivadavia, subrayó que la Ley de Financiamiento Universitario es «la única paritaria que fue aprobada en el Congreso» y destacó que «no se votó ninguna ley para actualizar los salarios de los panaderos o carpinteros». El artículo 5 de esta legislación establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios de docentes y nodocentes de las universidades públicas conforme a la inflación registrada por el INDEC desde el 1º de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, prevista para octubre de 2025.

Álvarez señaló que «quieren un aumento del 50%, la inflación de 2023, quieren todo porque a Massa no le exigían nada, y a nosotros nos analizan como si fuéramos Suiza». Además, indicó que la Ley de Presupuesto «se votó con posterioridad» a la Ley de Financiamiento Universitario, por lo que «rige el Presupuesto 2026».

El funcionario aseguró que «muchas de las cosas que movilizan emocionalmente están construidas sobre una mentira» y recordó que «la primera marcha se hizo con el argumento de que queríamos cerrar las universidades, y yo no veo ninguna universidad cerrada». También desmintió que el Gobierno haya aplicado recortes en educación, aclarando que las obras públicas del Ministerio de Economía destinadas a las universidades «eran partidas del gobierno anterior que no se continuaron».

Álvarez manifestó su disposición al debate, pero advirtió: «Mentir es otra cosa. No se recortaron presupuestos universitarios». También abordó la situación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que reclama falta de transferencias presupuestarias para sus hospitales universitarios, y aclaró que «se transfirió todo». Sin embargo, sostuvo que la UBA busca un fondo común para todas las universidades y pretende el 95% de ese fondo.

Respecto a los déficits de los hospitales universitarios, comentó que «en todos los gobiernos pasa lo mismo», por lo que es necesario revisar las causas. En ese marco, adelantó la intención de implementar «un mecanismo racional para la asignación de fondos», ya que desde 1983 el presupuesto universitario se ha asignado «por negociación política» y sin cumplimiento de procedimientos.

Actualmente, afirmó que el presupuesto no se otorga en función de la cantidad de alumnos, por lo que el Gobierno busca una distribución basada en indicadores objetivos que están en construcción. Álvarez advirtió que «el sistema universitario está produciendo muy pocos graduados y gasta 400 mil millones de pesos por mes en salarios, que se depositan en tiempo y forma».

Comparó los costos de formación en distintas instituciones: en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), cada ingeniero cuesta 42 millones de pesos, mientras que en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) un graduado cuesta 423 millones. Por ello, manifestó que se busca modificar un artículo de la Ley de Educación Superior para que el presupuesto se asigne según indicadores objetivos como metros cuadrados, cantidad de alumnos y docentes.

Se refirió además a la existencia de carreras con «18 docentes y un solo alumno», y afirmó que «el sistema estaba programado para no mostrar las carreras con menos de 10 alumnos, lo que estamos corrigiendo».

Por su parte, el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, valoró la marcha que se realizará esta tarde en todo el país, con epicentro en Plaza de Mayo, y la definió como un reclamo legítimo frente a una «situación dramática» de las universidades y la ciencia argentina.

Gelpi rechazó las declaraciones de Álvarez, señalando: «Respeto su opinión, pero no la comparto. Esto no es político, es un reclamo que hacemos hace tiempo largo». Subrayó que existen datos claros sobre el deterioro económico: «Los salarios de nuestros docentes y no docentes han perdido entre un 30% y un 40%, dependiendo de cómo se mida, y eso es mucho». También destacó que los gastos de funcionamiento «se pagan a mes vencido y sin actualización por inflación», lo que impacta en el funcionamiento cotidiano de las facultades.

En cuanto a la pérdida de personal, mencionó que en la Facultad de Ciencias Exactas desaparecieron aproximadamente 440 docentes investigadores, en la Facultad de Ingeniería entre 140 y 150, y en las facultades de Agronomía y Veterinaria también se perdieron más de cien docentes en cada una.

Respecto a las acusaciones sobre la gestión de fondos, el rector afirmó que la Auditoría General de la Nación (AGN) ha realizado las correspondientes auditorías en la UBA. «De las cuatro facultades auditadas, tres son de las más grandes y todas fueron aprobadas», precisó, y manifestó que los informes están disponibles en el Congreso Nacional.

Gelpi criticó la postura del Gobierno y afirmó: «Los países que funcionan bien han apostado a la educación superior y la ciencia». Subrayó que la universidad «enseña a pensar, educa y crea conocimiento», y advirtió que para un gobierno que no respeta las leyes eso «no es bueno». Añadió: «Creo que es un poco peligroso que haya gente que piense y razone».

Finalmente, instó al Presidente a «cumplir con la ley» y sostuvo que «es la primera vez que un gobierno no cumple con la ley de forma repetida. Si simplemente cumpliera con