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El Gobierno estableció que una parte de los ingresos obtenidos por el Estado a través de procesos de privatización y la venta o administración de inmuebles públicos será destinada al Ministerio de Defensa. El objetivo es financiar el reequipamiento y la modernización de las Fuerzas Armadas.
Esta medida fue establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 314/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y firmado por Javier Milei y su Gabinete.
El decreto pone en marcha el “Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino”, cuyo propósito es el reequipamiento, la modernización, el desarrollo de infraestructura estratégica y la recuperación de capacidades del Sistema de Defensa Nacional.
El texto destaca que los avances tecnológicos en materia militar, en particular la inteligencia artificial y el uso de armas robotizadas, exigen nuevas capacidades y medios para las Fuerzas Armadas. Además, remarca que, dada la extensión territorial de Argentina, la magnitud de sus espacios marítimos y aéreos, y la importancia de sus recursos naturales estratégicos, resulta esencial contar con un sistema de defensa que disponga de capacidad real de disuasión y respuesta.
En el contexto internacional actual, caracterizado por múltiples conflictos geopolíticos latentes y nuevas modalidades de amenazas —como acciones asimétricas, ciberataques, sabotajes a infraestructura crítica e incursiones irregulares en el espacio aéreo—, el decreto subraya la necesidad de fortalecer la defensa nacional.
Asimismo, el documento resalta el rol recurrente de las Fuerzas Armadas en apoyo a la comunidad ante emergencias y catástrofes naturales, poniendo a disposición capacidades logísticas de transporte, sanidad, comunicaciones e ingeniería. Por ello, considera fundamental que cuenten con medios adecuados, modernos, operativos y en condiciones óptimas.
El decreto también señala que la estructura presupuestaria vigente concentra la mayor parte de los recursos en gastos de personal y funcionamiento, lo que limita la inversión y deja escaso margen para sostener operaciones al tiempo que se refuerzan y mejoran las capacidades militares.
Ante este escenario, se introduce un nuevo esquema de financiamiento. En primer lugar, se modifica el artículo 15 del Decreto 1382/2012, disponiendo que el 10 % de los ingresos derivados de la venta, locación, concesión, transferencia o cualquier otra disposición de inmuebles del Estado Nacional se destinará al Ministerio de Defensa.
Además, en los casos en que los bienes involucrados estuvieran previamente asignados a esa cartera, el 70 % de los ingresos provenientes de su disposición será asignado al Ministerio de Defensa, manteniendo el mismo destino específico.
Por otro lado, el decreto incorpora una segunda fuente de financiamiento: el 10 % de los fondos obtenidos mediante procesos de privatización de empresas o participaciones estatales será asignado al Ministerio de Defensa, también destinado al reequipamiento militar.
Se aclara que estos recursos no sustituyen ni afectan los fondos previstos en el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), creado por la Ley 27.565, sino que constituyen una fuente complementaria de financiamiento destinada a atender las necesidades del sector.
Por último, la norma instruye al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a presentar ante el Ministerio de Defensa, en un plazo de 90 días, un relevamiento de los requerimientos prioritarios en materia de equipamiento, con el fin de orientar la aplicación de los fondos asignados.