El crimen de Nora Dalmasso: los fiscales al banquillo en un jury que promete testimonios de alto impacto

El jury contra los fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso, un caso que conmocionó a Río Cuarto en 2006, comenzará este martes 21 de abril en la Legislatura de Córdoba. La causa, que involucra a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, será analizada por presunto mal desempeño en la investigación, un proceso solicitado por la familia de la víctima.

Nora Dalmasso, de 51 años, fue violada y asesinada en noviembre de 2006 en su casa. Desde entonces, la investigación se centró casi exclusivamente en la familia, mientras que otras líneas, como la que señalaba al parquetista Roberto Bárzola, fueron desestimadas. Bárzola, señalado como sospechoso desde 2007 por el FBI, nunca fue sometido a pruebas de ADN por decisión de los fiscales, que optaron por no investigar de manera exhaustiva esta hipótesis.

Fue el fiscal Pablo José Jávega quien, tras recibir la causa ya prescripta, ordenó las pruebas genéticas que resultaron concluyentes: se detectó ADN de Bárzola en al menos diez puntos del cinto de la bata de baño utilizada para estrangular a Nora, además de un vello púbico coincidente en la zona genital de la víctima. Este hallazgo salió a la luz a fines de 2024, lo que motivó que la familia Macarrón iniciara acciones para evitar que la acusación contra Bárzola cayera en la prescripción o, al menos, para que se realizara un juicio por la verdad, reclamos que hoy están ante el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba.

La jornada inaugural del jury será especialmente intensa y emotiva: declararán el viudo Marcelo Macarrón y luego sus hijos Facundo y Valentina. La sesión cerrará con la intervención de Gustavo Liebau, abogado de la familia. En total, se prevé la declaración de 37 testigos hasta el cierre de audiencias el lunes 27 de abril, en cumplimiento del plazo legal de cuatro meses para resolver el jurado luego de formularse la acusación fiscal.

Originalmente, la causa estuvo marcada por falsos indicios y acusaciones controvertidas. Primero se señaló a Gastón Zárate, apodado «El perejil», luego a Facundo Macarrón, quien tenía solo 16 años en ese momento, y finalmente al viudo Marcelo, absuelto en un juicio oral en 2022. Sin embargo, las pruebas genéticas revelaron que la evidencia estaba frente a todos desde hace años y señalan directamente a Roberto Bárzola, quien trabajaba en el domicilio de la víctima y mantuvo una fuerte discusión con Nora días antes del crimen.

A lo largo de casi dos décadas, los fiscales Di Santo (2006-2015), Miralles (2016-2017) y Pizarro (2017-2019) concentraron la investigación en la familia, sugiriendo inclusive una relación incestuosa entre Facundo y Nora, y acusando al viudo de contratar sicarios y de una supuesta mentira con un viaje a Uruguay para ocultar su coartada. En cambio, desestimaron enfoques simples y evidentes que apuntaban a Bárzola, quien continúa libre y sobreseído por prescripción.

El jury de enjuiciamiento está compuesto por dos legisladores oficialistas, dos de la oposición y un quinto integrante del Tribunal Superior de Justicia, presidido por Julieta Rinaldi, la primera mujer en ocupar ese cargo.

Paralelamente, la familia Macarrón intenta revertir el sobreseimiento por prescripción de Bárzola. En octubre de 2025, la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de Río Cuarto ratificó que la acción penal contra él estaba prescribe desde noviembre de 2021, dado que han pasado casi 19 años desde el hecho y no existieron causas que suspendieran o interrumpieran el plazo legal.

Los magistrados descartaron además que el delito fuera de lesa humanidad, lo que implicaría imprescriptibilidad, y rechazaron que la situación de la familia Macarrón como imputados en su momento justificara suspender el término para presentar querellas. Así, confirmaron el sobreseimiento total de Bárzola.

Cabe destacar que, en su momento, el juez Diego Ortiz había propuesto realizar un juicio por la verdad, ya que existían pruebas suficientes contra Bárzola, pero por los plazos legales no podía dictarse una condena penal ni ordenar su encarcelamiento. La familia apeló esta decisión, aunque hasta ahora la Justicia ha respaldado la resolución. Sorprendentemente, pese a que nadie impugnó la posibilidad de un juicio por la verdad, la Cámara lo abordó y descartó.

El expediente ahora está en manos del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, donde los Macarrón esperan que se reevalúen las figuras y los plazos de prescripción en los procesos penales, a fin de procurar justicia en un caso que ya lleva casi dos décadas sin resolución definitiva.