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El proyecto de una nueva ley de biocombustibles, impulsado por la bancada de Libertad Avanza (LLA) en el Senado, generó un intenso debate en el sector agroindustrial, con posiciones enfrentadas entre grandes empresas exportadoras y pymes que operan en el mercado interno.
Recientemente, un grupo de senadores oficialistas, encabezados por Patricia Bullrich, presentó una iniciativa para reemplazar el régimen vigente por un sistema más desregulado y abierto a la competencia. La propuesta contempla aumentar el corte obligatorio de biodiésel del 7,5% actual al 10%, y el de bioetanol del 12% al 15%, un año después de la sanción de la ley. Además, introduce un cambio clave: permite que las grandes empresas integradas, incluidas agroexportadoras y aceiteras con producción propia de biodiésel, puedan abastecer también el mercado interno.
Desde la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), que agrupa a las empresas exportadoras, valoraron la iniciativa como un avance respecto a la normativa actual. Señalaron que, a diferencia de otros países, la ley vigente establece cupos por empresa y un precio regulado basado en los costos de la planta menos eficiente, lo que genera un precio elevado para el consumidor y afecta la competitividad económica del país.
Carbio destacó que “hoy se da la paradoja de que las plantas más eficientes están paradas, discriminadas por la ley para vender en el mercado doméstico, mientras los consumidores argentinos compran el producto hasta un 20% más caro que el valor de exportación en manos de un grupo reducido de empresas beneficiadas desde hace 20 años, algunas con múltiples plantas”.
La cámara empresaria sostuvo que el proyecto de Libertad Avanza promoverá un esquema competitivo que premia la inversión y la eficiencia, con igualdad de condiciones para todos los actores, lo que potenciará el desarrollo de un sector con gran capacidad de crecimiento para el país.
En contraposición, la iniciativa fue rechazado rotundamente por las pymes productoras que abastecen exclusivamente al mercado interno. La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) advirtió que la aprobación de la ley “condenaría a la quiebra” a unas 25 empresas ubicadas en el interior del país, poniendo en riesgo 2.000 empleos directos y otros 8.000 indirectos en provincias como Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis y Santa Fe.
Cepreb sostuvo que el texto “está redactado a medida de las grandes aceiteras y petroleras”. Explicó que al eliminar los cupos y precios regulados, las pymes quedarían obligadas a competir contra empresas integradas que producen la materia prima y cuentan con una escala hasta diez veces mayor, lo que consideran inviable y conduciría a la concentración del mercado en manos de los grandes grupos económicos.
Además, la cámara pyme señaló que el proyecto “viola la seguridad jurídica”, ya que la Ley 27.640 de Biocombustibles está vigente con plazo hasta 2030. Recordaron que las pymes invirtieron y generaron empleo bajo ese marco legal, por lo que su anticipada derogación “no representa desregulación, sino la ruptura de contratos con el sector productivo del interior, en beneficio de quienes orientan sus negocios exclusivamente a la exportación”.