Hace 30 años se creó Hurlingham, el partido más pequeño del Gran Buenos Aires, con una población de 180.000 habitantes distribuidos en tres localidades que abarcan 35 km². En todo el municipio existen sólo diez canchas de fútbol; ocho de ellas deberían ser de acceso libre, ya que están ubicadas en el polideportivo público comunal. Las dos restantes pertenecen a clubes privados: Deportivo Hurlingham y Retiro.

Sin embargo, a excepción de los futbolistas federados de las divisiones inferiores del club Barracas Central, presidido por Claudio “Chiqui” Tapia —cuyo nombre se vincula directamente con el acuerdo en cuestión—, los vecinos de Hurlingham no pueden acceder a esas canchas que, aunque fueron financiadas con sus impuestos, son de uso exclusivo para dicho club.
La razón detrás de esta situación es clara: las autoridades de La Cámpora que administran el municipio decidieron concesionar todas las canchas del polideportivo a un privado. El beneficiario es Barracas Central, un club porteño con sede en la Comuna 4 de la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por el PRO de Jorge Macri.
El convenio fue firmado por el intendente y funcionario camporista Damián Selci, con Matías Tapia, hijo del presidente de la AFA, quien está procesado recientemente en una causa judicial que investiga la apropiación indebida de aportes jubilatorios de casi 500 empleados de la casa madre del fútbol argentino.
El contrato de concesión tiene una duración de un año, prorrogable por un período adicional. La firma se concretó en una reunión discreta el 13 de febrero, un día antes del Día de los Enamorados, ante escribano público. Nada de lo acontecido se hizo público. En el municipio, nadie duda de que las partes, sobre todo las autoridades locales, buscaron mantener el acuerdo en el mayor secreto posible.
Un concejal del oficialismo, crítico con la medida, afirmó a Clarín que “toda esta maniobra se hizo entre gallos y medianoche, típico de los nefastos códigos de lo peor del fútbol, como si hubiera algún trapo sucio que sólo se debe lavar en el vestuario”.
No hubo fotografías oficiales de la reunión entre Selci y Tapia, y si existieron, alguien ordenó que no fueran difundidas. Tampoco se comunicó nada en la página web del municipio, plataforma que habitualmente publica la agenda pública del intendente camporista detalladamente.
Casi 70 días después de firmar el convenio, este martes Selci envió el acuerdo con el club de los Tapia al Concejo Deliberante. A pesar de que los legisladores comunales aún no aprobaron la concesión, Barracas Central ya comenzó a realizar obras en el predio municipal, como la construcción de un paredón perimetral sobre la vereda, en la zona concesionada que ocupa la mitad del polideportivo.
El predio municipal tiene forma triangular y una superficie aproximada de 180.000 metros cuadrados. Las ocho canchas contempladas en el contrato de concesión —en realidad siete, ya que una es un terreno descampado— ocupan alrededor de 70.000 m².
Vecinos de la zona expresan su malestar por el cambio de gestión del espacio. “Este lugar cambió de dueños, muy lejos de los vecinos que somos los verdaderos propietarios. Antes estaban los chicos de River, que al menos hicieron muchas obras en el lugar. Ahora, de manera clandestina, meten a otro club”, reclama Norma, quien vive a media cuadra de Segundo Vergara, a unas diez cuadras del Acceso Oeste.
Muchos habitantes sospechan que hubo irregularidades en los beneficios otorgados por La Cámpora al club de Tapia para instalarse en el polideportivo. Una posible razón es que el acuerdo estipula un pago anual de 17 millones de pesos. Si las canchas se usaran ocho horas diarias, de lunes a viernes, Barracas Central estaría pagando unos 12.000 pesos por hora. En cambio, un vecino que desee organizar un partido en una cancha de 11 personas debe costear alrededor de 250.000 pesos.
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